Washington, Estados Unidos.
El gobierno federal de Estados Unidos entró este 14 de febrero en un cierre administrativo parcial luego de que el Congreso no lograra alcanzar un acuerdo para aprobar el paquete de financiamiento necesario para mantener operativas todas las agencias federales.
El desacuerdo legislativo, centrado principalmente en temas relacionados con política migratoria y asignaciones presupuestarias, impidió la aprobación de la ley de gastos antes del vencimiento del plazo establecido, lo que obligó a suspender temporalmente servicios considerados no esenciales.
Durante el cierre parcial, miles de empleados federales son enviados a licencia sin goce de sueldo o continúan trabajando sin remuneración hasta que se apruebe el presupuesto. Programas esenciales como seguridad nacional, control aéreo y servicios de emergencia continúan operando, mientras que otras oficinas gubernamentales reducen o paralizan sus actividades.
Líderes del Congreso señalaron que las negociaciones continúan con el objetivo de alcanzar un consenso que permita restablecer el funcionamiento completo del gobierno en el menor tiempo posible. Sin embargo, las diferencias políticas entre demócratas y republicanos han dificultado un acuerdo inmediato.
Analistas advierten que un cierre prolongado podría afectar la confianza económica, retrasar servicios públicos y generar impacto en mercados financieros, además de repercusiones políticas internas en un año clave para la agenda legislativa.
Este nuevo cierre administrativo subraya la polarización política que atraviesa el Congreso estadounidense y reabre el debate sobre los mecanismos de financiamiento gubernamental y la necesidad de acuerdos bipartidistas para evitar interrupciones en la administración pública.
